En Europa, el bono eléctrico lo sufragan los gobiernos o los consumidores. En España, son las compañías eléctricas las que lo soportan en sus cuentas. La última reforma del Ejecutivo contiene un indudable avance que evita los abusos (establece un criterio de renta al que deben sujetarse los beneficiarios), pero no soluciona la anomalía que separa al descuento que reciben las familias españolas en riesgo de exclusión con el otorgado en los países que nos rodean.
Como bien estima el Tribunal Supremo, no es asumible que el sector costee una bonificación que reduce un 25% la factura a los más desfavorecidos. La única solución posible pasa por introducir cambios que contemplen que el bono es una política social y, por lo tanto, su financiación corresponde al Estado.
