El Gobierno reavivó el diálogo social recibiendo en Moncloa a patronal y sindicatos. Con todo, desde su mismo inicio, el debate se topa con un desencuentro de envergadura. El Ejecutivo se muestra abierto a elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no de la manera que las centrales propugnan y que, esta semana, se plasmó en una proposición de Ley de Podemos que el Congreso tramita.
Esta iniciativa persigue que el SMI, situado en 655 euros mensuales, suba a 800 en 2017 y termine la legislatura cerca de los 1.000. En otras palabras, su propósito es propiciar un alza de más de 300 euros en un plazo de tan solo cuatro años. En el pasado, incrementos de una cuantía semejante tardaron más de dos décadas en materializarse.
Lo paulatino de ese proceso tiene una sólida razón de ser, en la medida en que las alzas del SMI influyen directamente en el conjunto de la negociación colectiva, ya que muchos convenios sectoriales lo toman como referencia. Por tanto, incentivan subidas generales de los salarios que no deben producirse de forma desordenada, por sus potenciales efectos inflacionistas.
Pero, en el contexto actual, a ese perjuicio se suman otros de igual importancia. Una subida rápida de los costes laborales constituye el método más seguro de abortar la fuerte creación de empleo que España muestra desde la penúltima legislatura. Además, como ayer advirtió el Banco de España, equivaldría a acabar con la ganancias de competitividad que nuestro país logró en los peores años de la crisis. Ahora la recuperación se ha asentado y es razonable que el Ejecutivo se plantee elevar el SMI, pero también lo es que se resista a acometer alzas precipitadas y abogue por plazos (de hasta ocho años) y cuantías más sensatas.
