La hoja de ruta que PP y Ciudadanos negociaron se sustanciará este mes en un primer acuerdo en el Congreso. El partido naranja puede enorgullecerse de que el pacto incumbe a una de las reivindicaciones que juzgaba prioritarias: una nueva ley de autónomos. Más allá de los alcances políticos, existen razones para dar luz verde a esta norma.
Los trabajadores por cuenta propia tienen particularidades que la legislación debe reflejar. La reforma laboral comenzó a hacerlo con la creación de una forma de contrato específico para empresas de menos de 50 trabajadores o implementando un pago reducido de 50 euros a la Seguridad Social para emprendedores que inician su carrera. Sin duda, la nueva ley ahonda esa tendencia con acciones como extender la vigencia de la tarifa plana, de seis meses a un año, o establecer un sistema más amplio de bonificaciones.
La medida constituye un gesto que debe valorarse, puesto que se dirige a un sector, que ha sido clave en la creación de empleo. Sin embargo toda tarifa plana debe entenderse como una política excepcional. Ahora que el mercado de trabajo muestra una indudable recuperación, es necesario empezar a plantear su reversión y normalizar el pago de cuotas, especialmente en unos momentos delicados como los actuales, debidos al creciente déficit de la Seguridad Social.
A ello debe sumarse la necesidad de establecer controles para asegurar que esta bonificación se utiliza de manera adecuada. Idéntico rigor tendrá que mostrarse si, finalmente, se aplica una de las medidas a las que la nueva ley puede conducir, como es la exención de cotizar para todo autónomo que ingrese menos del salario mínimo. La ausencia de los controles pertinentes sólo conducirá al fraude.
