La Seguridad Social terminará 2016 en una situación muy difícil, como demostrarán un déficit en el entorno del 1,5% del PIB y la maltrecha situación en que se hallan los recursos del Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. En este contexto, todo apunta a que el nuevo Gobierno, que surgirá tras la investidura de Mariano Rajoy este fin de semana, ubicará entre sus prioridades una ya conocida propuesta de cambio de la financiación de las pensiones.
Se trata de excluir parte de las prestaciones no contributivas, las de viudedad y orfandad, de la caja de la Seguridad Social o, en otras palabras, dejar de sufragar esos gastos con cargo a las cotizaciones sociales. Su financiación provendría de los Presupuestos Generales mediante los fondos aportados por impuestos ordinarios o incluso por un nuevo tributo específico. Es una solución que no debe menospreciarse con ligereza, pues los expertos estiman que permitiría enjugar el déficit durante 10 años.
Ahora bien, cabe plantear varios peros. Existe, en primer lugar, la posibilidad de que tenga un impacto negativo en el déficit estatal. Con todo, la más importante objeción radica en que esta medida acabará siendo desbordada por los factores que más intensamente alimentan el déficit de la Seguridad Social (el envejecimiento demográfico y la caída de la natalidad) por lo que ese desequilibrio volverá a aflorar. Se trata, por tanto, de una iniciativa de alcance limitado, como la conocida la semana pasada referente a la posibilidad de combinar el cobro de la pensión con la percepción de un salario íntegro. Los desafíos más importantes del sistema siguen, por tanto, sin abordarse y la supervivencia del sistema continúa reclamando reformas más ambiciosas.