Europa suspende a España en medidas anticorrupción. Los resultados del último Informe Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción), realizado por el Consejo de Europa no dejan lugar a dudas. El estudio califica como "globalmente insatisfactorio" la falta de progreso en medidas de transparencia y prevención de prácticas irregulares, tanto en el Congreso, como en la Fiscalía y en el Poder Judicial. El documento es especialmente crítico con Congreso y Senado.
Según explica, es "decepcionante" que el mensaje de cambio que la sociedad ha lanzado en las elecciones no haya sido escuchado, y no se hayan introducido medidas en ambas cámaras. España también suspende en la regulación de los lobbies. A pesar de que el Congreso se comprometió a regular la relación que los diputados tienen con los mismos, no se ha hecho nada.
Pero si hay un apartado que irrita en Bruselas es que las autoridades políticas sigan sin garantizar la independencia del Consejo de Poder Judicial, al ser juez y parte en la selección de los miembros. Que Europa considere ineficaces las medidas anticorrupción impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy no se debería tomar a la ligera. Como tampoco se debería obviar que España ocupe el cuarto lugar por la cola en cuanto a percepción de la ciudadanía de independencia e imparcialidad judicial.
De ahí que no sea de recibo haber incumplido las 11 recomendaciones que la UE realizó a España en materia de corrupción en 2014. Urge, por tanto, incidir en la transparencia de las instituciones porque ahonda en el beneficio del país. Los inversores se sienten más atraídos por un territorio sano y que presenta unas reglas del juego justas y equitativas, que por uno que no cumple con los estándares anticorrupción demandados por Bruselas.
