Son bien conocidos los altos niveles de temporalidad de la Sanidad pública. El porcentaje de trabajadores eventuales en su plantilla asciende al 30%, lo que ha llevado a considerar este ámbito de la Administración como la "mayor empresa de trabajo temporal". El abuso que supone la concatenación constante de contratos de duración limitada alcanzó incluso los Tribunales europeos y existen así dos sentencias de los magistrados de la UE que condenan tales prácticas.
La jurisprudencia acumulada constituye una razón más, de gran peso, para que las Administraciones se planteen maneras de regularizar la situación de sus más de 170.000 eventuales. Sin duda, debe hacerse con cautela, debido a las exigencias propias del sector público, que obliga a convocar oposiciones para cubrir de forma indefinida cualquier puesto.
Tampoco tiene que olvidarse la delicada situación financiera de la sanidad pública. Las autonomías se amparan ya en las sentencias europeas para volver a convocar plazas después de años en los que la crisis se lo impidió. No deben, sin embargo, perder de vista el alcance limitado que los fallos de la UE pueden entrañar. Se comprobó ayer de nuevo con la interpretación que el Tribunal de Justicia de Madrid ha hecho del parecer de los magistrados europeos sobre el derecho a indemnización de los interinos, limitado a los trabajadores que desempeñan una función plenamente comparable a los funcionarios sustituidos.
Ahora bien, ante la perspectiva de una revisión de la situación de casi 200.000 trabajadores, la Sanidad debe asumir que se enfrenta a un reto de gran envergadura. Para afrontarlo, debe mantener, e incluso, ahondar en la austeridad y el control de otras partidas de gasto.
