Actores tan importantes para el desarrollo de la I+D, como universidades, pymes y grandes empresas, sufrirán un importante perjuicio por culpa del embargo que pesa sobre más del 75% (900 millones) de las ayudas del Plan Avanza. Industria, impulsor de la iniciativa, reclama subvenciones y otros estímulos al detectar anomalías en la mayoría de los programas que se benefician de ellos, tras someterlos a una exigente auditoría.
A priori, nada estaría más fuera de lugar que criticar a ese Ministerio, o a otra Administración, por mostrarse riguroso a la hora de controlar el uso de los fondos que concede. Otros ámbitos, como la formación de trabajadores y parados, demostraron con creces que la falta de una supervisión efectiva propicia casos de malversación flagrante.
Es también comprensible que, en el campo de la I+D, el control sea muy exhaustivo. Así, no basta con que un proyecto exhiba viabilidad financiera; debe demostrarse también en todo momento que soluciona un problema técnico. Industria debe desarrollar, por tanto, auditorías de este tipo, las cuales, además, son exigidas por la normativa de la UE.
Ahora bien, resulta sorprendente que el examen concluya que más de las tres cuartas partes de las ayudas liberadas por el Plan Avanza desde 2010 se emplean mal. Es probable que, como los afectados denuncian, se aplique un celo tan exigente que lleve a sobreponderar hechos tan habituales como que los miembros de un equipo investigador hayan cambiado en los últimos seis años. Conviene, por tanto, someter a revisión los criterios a los que las auditorías técnicas se sujetan, ante el riesgo de que, con el pretexto de ejercer control, paralicen en su conjunto el programa de ayudas a la I+D.
