Más de 200 pymes y decenas de universidades españolas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo (I+D), sufren estos días la presión del Ministerio de Industria para que procedan a la devolución inmediata de las subvenciones y préstamos concedidos a través del Plan Avanza I+D 2010-2015. Esa medida se debe al presunto incumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones de las ayudas.
"Tras varios años sin que se registren problemas, de pronto se nos aplican unas nuevas auditorías técnicas, casi insalvables, cuyo nivel de exigencia resulta imposible de superar prácticamente por ninguna empresa y universidad. Así, en algunos casos nos demandan requisitos que ni se ajustan a la lógica ni a la realidad tecnológica del momento", explican fuentes de los afectados.
Los mismos portavoces apuntan que el reintegro de las subvenciones y ayudas crediticias afecta a más del 75% de los fondos, lo que representa unos 900 millones de euros de los 1.236 millones comprometidos entre subvenciones y otras ayudas. En la gran mayoría de los casos, la Agencia Tributaria ejecuta el embargo de los fondos. En concreto, es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que dirige Víctor Calvo-Sotelo, quien reclama la devolución inmediata del grueso de las ayudas concedidas entre 2010 y 2015.
"Nadie supera las auditorías"
El subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información, Antonio Alcolea, es el alto cargo de Industria que se encarga de firmar los requerimientos a las empresas e instituciones, una vez analizada la documentación justificativa y las evidencias aportadas por los beneficiarios. Según fuentes de Industria, el "Ejecutivo tiene la obligación de auditar el destino de las subvenciones y de comprobar que los fondos otorgados se corresponden con los fines para los que la ayuda fueron concedidas".
Así, Industria exige la "devolución de los fondos en los casos de incumplimiento de los objetivos técnicos y de innovación de los proyectos, así como de la adecuación técnica y económica del personal, el material y de las subcontrataciones empleadas en los proyectos objetos de ayudas".
Ante esta situación, las empresas y universidades afectadas indican que, a partir de 2014, "se incrementó de forma extraña el nivel de inspección hasta el grado de que ningún proyecto de investigación cumplía al 100% con unos requisitos que, según los afectados, no han sabido adaptarse a la evolución tecnológica".
De esa forma, la secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Industria exige la devolución de ayudas a las empresas y organismos que "han sustituido los SMS por aplicaciones como Whatsapp, ya que no estaban especificadas en el origen del proyecto de hace cinco años", por ejemplo. Lo mismo sucede en los consorcios en los que se han producido variaciones en su configuración por la desaparición de algunos de los miembros o por cambios en los equipos. En esos supuestos, el conjunto del grupo beneficiario también se ve obligado a reintegrar a Industria la totalidad los fondos recibidos.
Además de pymes, la devolución de las ayudas a la financiación también han afectado a compañías como Indra, HP, Telefónica, Acciona o Tecnocom, entre otras, según explican las fuentes consultadas. En el caso de estas grandes corporaciones, la devolución de las ayudas no supone un especial quebranto, tanto por la dimensión económica de estos grupos como por las condiciones de financiación que actualmente ofrece el mercado.
Según se desprende de documentos públicos, el Plan Avanza I+D incluyó en la convocatoria una dotación de 2.312 millones de euros, entre subvenciones y préstamos a muy bajo interés entre 2010 y 2015. Sin embargo, el importe finalmente concedido en los seis años referidos apenas alcanzó la mitad: 1.236 millones. En el caso de 2015, por ejemplo, la convocatoria de subvención para proyectos de I+D estaba dotada de 50 millones de euros, pero finalmente se concedieron sólo 23,3 millones de euros, sin repartir los 26,6 millones restantes.
Otras fuentes consultadas justifican el celo auditor protagonizado por la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información en su empeño por ceñirse a las nuevas directrices comunitarias, que demandaban auditorías técnicas, además de las financieras. Así lo explicó el propio Antonio Alcolea en una reunión organizada por Ametic antes del pasado verano.
