El próximo 1 de octubre es el día fijado por la CNMV para que los intermediarios bursátiles (tanto bancos como empresas de servicios de inversión) apliquen unas nuevas tarifas a sus servicios de traspaso de carteras. Estas ya no podrán regirse por cuotas fijas, sino que deberán someterse a porcentajes sobre los activos que posee el cliente.
La inexistencia de esa proporcionalidad generó una situación que atentaba contra la lógica económica, y que provocaba continuas quejas de los inversores ante el supervisor de los mercados. La CNMV tenía que actuar, como hizo en abril pasado, ante la flagrante descompensación existente entre el servicio que los brókeres llevan a cabo (un mero traslado de los valores) y el precio que exigían a cambio.
En los casos más extremos, este último llegó a multiplicar por 50 las comisiones que el cliente pagaría en caso de poner en venta todos los componentes de la cartera que pretendía trasladar. El mandato del supervisor también afronta de manera adecuada las desventajas que se derivan de la posición de cierta cautividad en la que se hallan los inversores.
No en vano siempre necesitarán de los brókeres para hacer traspasos de activos, ya que estos últimos son apuntes contables con los que no se puede operar de otra manera. Ahora bien, los intermediarios no tendrán tanto margen para cometer abusos, ya que se ven obligados a poner límites máximos a sus comisiones de traslado.
Estas últimas ya están bajando, lo que demuestra lo acertado de las medidas que ha tomado la CNMV. Lo razonable es que respondan al coste real de la prestación de un servicio y dejen de utilizarse para otro fin, que no puede justificarse, como es dificultar al cliente el cambio de bróker.
