El pacto de PP y Ciudadanos, que avala a Mariano Rajoy para iniciar hoy su debate de investidura, constituye el intento más sólido hasta ahora planteado para acabar con la interinidad política. Cabe también reconocer el compromiso de sus firmantes, al situar como horizonte el cumplimiento de las metas de reducción del déficit, pese a prever un importante avance del gasto público. Con todo, ese rigor puede quedar en letra muerta, por culpa de un cálculo sobrevalorado (hasta un 40%) del alcance real que tendrán varias medidas clave del pacto.
Así, los expertos dudan de que sea factible eliminar la mayor parte de las deducciones en Sociedades y lograr que su rendimiento se duplique en esta legislatura. Resulta esperable que sobre todo las grandes empresas reaccionen a ese nuevo status declarando menos beneficios en España, y dañando aún más una recaudación ya muy mermada.
Parecidas dudas suscita la retroactividad que implica revisar las declaraciones de los beneficiarios de la amnistía fiscal para que tributen al 10%. En paralelo, cabe reprochar lo arriesgado de dar por garantizados 7.000 millones derivados de la eliminación de duplicidades administrativas, sin concretar cuáles (una vez excluida la supresión de diputaciones).
A todo ello debe sumarse el incierto impacto recaudatorio que tendrán medidas como el complemento salarial a los sueldos bajos. Son, por tanto, numerosos los puntos débiles que el pacto presenta en un aspecto tan decisivo actualmente como es la previsión de los ingresos públicos. Se trata de una flaqueza capaz de comprometer la credibilidad de los partidos firmantes ante sus propios votantes y también ante sus socios europeos.
