Ciudadanos avisó al PP: si no hay dotación presupuestaria, no habrá acuerdo. Y finalmente hubo las dos cosas. Pero, ¿es factible el plan económico firmado por Mariano Rajoy y Albert Rivera? ¿Qué solidez tienen las previsiones de ingresos? ¿Serán suficientes para sufragar el incremento de gastos? Los expertos consultados por elEconomista coinciden en los puntos débiles de la memoria económica firmada el pasado domingo: el pacto sobreestima la previsión de ingresos que, en un escenario optimista, se limitaría al 50 o el 60% de lo estimado.
Las medidas, además, adolecen de inconcreción y trazo grueso en su redacción, no están debidamente justificadas y no tienen en cuenta la previsible evolución de la economía española, que avanzará a buen ritmo según los cálculos oficiales, que prevén un crecimiento del 3% este año y de un 2,3% el que viene. Es decir, obvian la proporción de recursos que debería llegar de la mejora de la recaudación gracias a la recuperación económica.
En definitiva, aunque la factura del sí de Ciudadanos al PP es neutra desde el punto de vista presupuestario, es decir, cuadra ingresos y gastos, puede quedarse en un equilibrio perfecto sólo sobre el papel. Si los ingresos no llegan a la cifra estimada, el esfuerzo de gasto podría afectar al déficit, con la dificultad añadida de que, descartada una subida del IRPF, el acuerdo consume las tres vías principales para cuadrar cuentas: la reforma del Impuesto de Sociedades, la lucha contra el fraude fiscal y la reducción del gasto público.
Sí obtienen el visto bueno de los analistas medidas como la "necesaria" despolitización de la Justicia, presupuestada con 500 millones en dos años, y la ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.
El 'efecto rebote' de reformar Sociedades
El partido liderado por Rivera ha conseguido que los populares cedan a su propuesta de reforma del Impuesto de Sociedades. Ha sido una de las grandes reivindicaciones del partido naranja, que lleva meses denunciando la caída en la recaudación de este tributo. En concreto, la dotación presupuestaria del acuerdo prevé incrementar la recaudación en 15.000 millones de euros a lo largo de la legislatura, 3.000 millones en 2017 y 4.000 en los tres ejercicios posteriores. Y espera hacerlo con una reforma que "mejore el control y recaude más sin subir los tipos nominales de este impuesto". Es decir, eliminando deducciones y exenciones que tienen las empresas y que permiten reducir la base imponible y recortar el tipo efectivo por debajo del 10%.
Los expertos consultados por elEconomista creen que es factible ingresar 3.000 millones de euros el próximo año, pero advierten: que se olviden de repetir en 2018. El economista del IEB Javier Santacruz explica que una medida así obligaría a apretar las tuercas a las grandes empresas que, recuerda, son un 0,1% del tejido empresarial del país.
Y esas grandes corporaciones tienen instrumentos para mover sus beneficios a otras economías, ya que se trata de compañías que tributan en muchos países diferentes. Por tanto, "pueden reducir de forma importante los beneficios que declaran en España, de tal forma que la recaudación se puede desplomar a partir de 2018", explica el economista Santacruz.
El economista del IEB Miguel Ángel Bernal apunta a la falta de concreción de la reforma de Sociedades. "El PP y Ciudadanos tienen que explicar la letra pequeña". Y es que para los expertos sería contraproducente eliminar las bonificaciones a la contratación o las ayudas a la I+D+i y a la formación. "Eso no puede tocarse", apunta el economista. Asimismo, advierte del efecto contrario de eliminar las compensaciones a las bases negativas y de las pérdidas, algo muy importante en la contabilidad de los grupos de empresas.
Por último, apunta que el beneficio de las grandes empresas no puede tomarse en su conjunto, ya que hay tratados de doble imposición para evitar la doble tributación. En el caso de las compañías del Ibex 35 y de las grandes entidades bancarias, los beneficios generados en España sobre el total son de sólo un 30% o un 35%, lo que limita la capacidad recaudatoria sobre los mismos.
El profesor de la Universidad Complutense Fernando Méndez Ibisate añade otro matiz. Todo lo que se logre recaudar de más con el Impuesto de Sociedades está para cumplir el déficit con Bruselas, que es un objetivo cada vez más complicado dado que no se rebajan, ni se rebajarán, gastos públicos. "Al contrario, lo que hace el acuerdo es gastar mucho más", señala Ibisate.
La dudosa revisión de la amnistía fiscal
Revisar la amnistía fiscal es otra de las grandes reivindicaciones de Ciudadanos que ha conseguido incorporar al pacto. En total, se podría elevar la recaudación en unos 2.000 millones investigando a los defraudadores, pero será necesario elevar los recursos de la Agencia Tributaria, que tendrán una partida creciente que alcanzará los 450 millones de euros anuales en 2020.
El cálculo inicial del partido de Rivera ascendía a 2.800 millones de euros. El acuerdo se quedó finalmente en una previsión más conservadora, que presupuestaba en 1.000 millones de euros los ingresos en 2017 y en 2.000 millones anuales para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. En definitiva, ingresos totales en esta partida por 7.000 millones de euros en cuatro años de legislatura.
Una cantidad "que no se puede cumplir", en opinión de los expertos, que califican la medida de inconcreta y de dudosa aplicación. "Está por ver que sea legal echar hacia atrás la ley y ahora cobrar lo que se prometió como condonable en la regularización impositiva, que -no se olvide- ha permitido aflorar bastante cuantía de base imponible por capitales", explica el profesor Ibisate.
En un sentido parecido se pronuncian los economistas Santacruz y Bernal, que comparten las dudas sobre la legalidad de la medida. A nivel presupuestario, Santacruz apunta además que la recaudación extra por la amnistía genera ingresos ficticios, ya que se trata de unas cantidades que ya habías contabilizados en ejercicios anteriores. En esta ocasión, por ejemplo, la amnistía fiscal de Montoro se presupuestó en el ejercicio 2012. "Hagas o no caja es un ingreso que tienes que imputar", explica el economista. Por tanto, de recaudarse ahora "sólo serviría para evitar hacer la corrección contable por ese ingresó que no entró".
Respecto a la lucha contra el fraude, hay que tener en cuenta qué medidas piensan aplicar y cómo en caso de que el acuerdo de investidura de PP y Ciudadanos tenga recorrido en un futuro Gobierno presidido por Mariano Rajoy. En ese sentido, el economista Bernal recuerda que el fraude es "un agujero internacional". Por tanto, para que el plan de lucha sea eficaz debe contar con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y "sobre todo con EEUU", señala este experto, que recuerda que atajar el fraude obliga a ir hasta los paraísos fiscales de Panamá, Seychelles y Singapur.
Una burbuja política demasiado etérea
Los dos partidos han acordado reducir el gasto público destinado a empresas públicas y diputaciones en 1.000 millones de euros para 2017 y, a partir de 2018, 2.000 millones anuales. Pese a que Ciudadanos presume de haber logrado "pinchar la burbuja política" en su acuerdo con el PP, la supresión de Diputaciones y la eliminación del Senado que abanderaba la formación naranja se ha quedado al final en un acuerdo de mínimos por las reticencias del PP a más concesiones.
Un desencuentro que ha llevado, de nuevo, a una medida de trazo grueso y sin detallar, lo que lleva a los expertos a dudar de su eficacia e implementación. "La mayor parte de las duplicidades de la Administración no se pueden eliminar de la noche a la mañana", explica el profesor Juan Fernando Robles. Aun dando por bueno el presupuesto del acuerdo, que estima un ahorro total de 7.000 millones de euros en el conjunto de la legislatura, las reformas de la Administración Pública en todos sus niveles se antojan escasas para lo que tendría que ser, opina el profesor Ibisate. "Por ejemplo, no se tocan los más de 8.100 municipios ni se acomete una reducción a la mitad o algo menor del número de empleados públicos y funcionarios".
Bernal añade que para acometer una verdadera reforma que elimine duplicidades no es suficiente el consenso entre PP y Ciudadanos y se necesita sumar el apoyo del PSOE, algo hoy por hoy improbable. Además, el documento no hace ninguna alusión al cierre de empresas públicas deficitarias.
Complemento salarial y pobreza infantil
En cuanto al gasto, la medida que implica más coste es el complemento salarial garantizado: 1.300 millones en 2017 y 2.100 a partir de ahí. Un total de 7.600 millones en cuatro años. El plan contra la pobreza infantil se llevará otros 5.600 millones en la legislatura.
Para poner en perspectiva estas partidas, el gasto es muy superior a las deducciones por familia numerosa o discapacidad, que han costado 1.150 millones de euros.
En este punto, los expertos critican de nuevo la falta de detalle y cuestionan su eficacia, al tiempo que advierten de sus posibles efectos adversos. Al tratarse, según el escaso detalle del acuerdo, de "un impuesto negativo sobre el IRPF", deja fuera a las rentas inferiores a los 12.000 euros anuales, según explica el economista Santacruz. ¿El motivo? Sólo podrán beneficiarse de ese complemento los contribuyentes que hagan la declaración de la Renta. Las rentas inferiores a 12.000 euros están exentas de presentar el IRPF. De hacer la declaración, tendrían que afrontar retenciones en sus salarios, lo que, de facto, hace esta ayuda contraria a sus intereses.
Además, puede encubrir un alza de impuestos para los que ganan a partir de 30.000 euros anuales, señala Santacruz. La explicación está en la forma de aplicar ese tributo negativo: traslada la partida de gasto deducible de 2.000 euros -que sustituye la antigua reducción general de 2.652 euros por rendimientos del trabajo- desde la base liquidable a la cuota íntegra en la declaración de la Renta. Eso implica que determinados niveles de renta salten al tramo superior, lo que supone pagar un tipo más alto en el IRPF.
No son las únicas críticas al complemento salarial garantizado. El profesor Robles califica la medida de "cosmética" y de escasa virtualidad de implementación. Además, advierten los expertos, puede abrir la puerta al fraude y a la revisión a la baja de los salarios. A saber: la picaresca para buscar el salario idóneo para beneficiarse de las ayudas, el pago en B de parte de la nómina o la contratación por salarios inferiores a los previstos. "Es una forma de subvencionar sueldos bajos", apunta el economista Bernal.
