El pasado año las dos filiales de Apple en España elevaron un 70% su tributación debida al Impuesto de Sociedades, hasta 6,5 millones. Este alza obedece a que la tecnológica declaró más ingresos y beneficios. En total, la facturación creció un 40% hasta 331 millones de euros.
La excelente evolución que Apple atribuye a su negocio en España hay que ponerla entre interrogantes, porque no se concilia con la pérdida de cuota de mercado que sufre, y con el hecho de que la tecnológica paralizó la apertura de tiendas en nuestro país.
De ahí que la causa más probable de la inesperada evolución positiva de su actividad, y de su tributación, sea una respuesta al toque de atención que la UE y la Agencia Tributaria dieron recientemente al gigante. Bruselas acertó al potenciar la lucha contra la ingeniería fiscal y las artimañas de las multinacionales para reducir sus obligaciones fiscales.
Entre otras medidas, exige que las compañías desglosen por países sus cifras de negocio, para que la información sea compartida por las agencias tributarias nacionales. Todo apunta a que el intercambio de datos ha hecho saltar las alarmas en Apple. A pesar de ello, conviene recordar que la multinacional no incumple la ley. En la UE no hay unidad fiscal y las firmas aprovechan los incentivos que países como Irlanda ofrecen para potenciar la llegada de empresas.
Pero eso no es óbice para que se les exija que tributen de acuerdo con su actividad real en cada territorio. De ahí que tanto Bruselas como el Ministerio de Hacienda deben mantener la presión para descubrir si realmente Apple cumple con sus obligaciones, mientras la propia multinacional tiene que dar más pasos para hacer transparente su fiscalidad.
