La concesión de doce autopistas hasta ahora de peaje llegará a su fin en la recién iniciada legislatura. Ante esta situación, el PP confía en llevar a término el plan que proponía en su programa electoral, consistente en no renovar los contratos, de manera que sería el Estado el encargado de gestionar estas infraestructuras.
De acuerdo con fuentes del sector, esta decisión supondría un coste extra en los Presupuestos Generales de 300 millones, lo que sólo puede implicar malas noticias en un contexto fiscal tan complicado como el actual. Así, España se enfrenta desde este año a la necesidad de aplicar un importante recorte al déficit a sus Administraciones para cumplir con las exigencias de Bruselas.
El hecho de que la amenaza de una multa haya sido de momento conjurada, no implica que ese compromiso deba descuidarse. Y en nada contribuye a ello elevar las cargas que las infraestructuras viarias suponen para el erario público, máxime cuando éste tendrá que hacer frente a la entrada en quiebra de otras autopistas, como las radiales de Madrid, y la activación de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero, además de los costes económicos, deben considerarse los derivados del error de hacer que la Administración central tenga que asumir una competencia que no le es propia, como es la gestión de autopistas de gran capacidad que, hasta ahora, estaban en manos de empresas privadas como Abertis e Itínere.
Es razonable, por tanto, evaluar la oferta de ambas firmas de conseguir la extensión de sus contratos, a cambio de afrontar la mejora de estas infraestructuras. Y, si esta opción no fuera satisfactoria, al Estado aún le queda la posibilidad de volver a sacar a concurso las concesiones vencidas.