La decisión de Bruselas de cancelar la multa y de prorrogar por dos años la rebaja del déficit a menos del 3% no puede llegar en mejor momento. Al final, los esfuerzos del Gobierno, que puso en marcha reformas estructurales ambiciosas, han convencido a la Comisión de eximir a España (y también a Portugal) de una sanción que podría haber superado los 2.000 millones de euros.
A este argumento se une el mal momento que pasa el continente, con muchos ciudadanos dudando del proyecto europeo. Bruselas ha comprendido que las elevadas tasas de paro hacen que parte de la sociedad no sienta la recuperación económica.
Ante esta circunstancia, una imposición punitiva podría degenerar en un quebranto social más que en un acicate de cara a cumplir los objetivos de déficit futuros. Todo ello permite a España disfrutar además de una senda de ajuste suave en el corto plazo, al permitirse que el déficit de 2016 sea de hasta el 4,6%.
Este objetivo es accesible hasta para un Gobierno en funciones, lo que viene a demostrar que Europa también ha pensado en la interinidad del Ejecutivo. Ahora bien, el obsequio de Bruselas no es gratis. A cambio de reducir la multa a cero, exige que en 2017, el Gobierno realice un duro ajuste, entre ingresos y gastos, equivalente a 15.000 millones de euros.
La cantidad es la resultante de pasar del 4,6% de 2016 al 3,1% de 2017. El esfuerzo para 2018 será algo menor, ya que el desvío previsto es del 2,2%, lo que implica otros 9.000 millones de euros. Como se puede ver, las circunstancias excepcionales que han llevado a que España evite la sanción no eximen el hecho de que habrá que seguir haciendo sacrificios.