Los Programas Especiales de Armamento (PEA) se han convertido en una fuente de irregularidades en cuanto a su gestión. Estos fueron creados hace cerca de 20 años por el Ejecutivo de José María Aznar con la intención de modernizar las Fuerzas Armadas españolas mediante la compra de nuevos equipos militares: desde sistemas informáticos, hasta aviones de combate o submarinos.
De hecho, en los últimos años, iniciativas de tanta importancia como la adquisición de los modernos cazas Eurofighter para el Ejército del Aire se vehicularon a través de los llamados PEA. Dado el alcance de estos programas, sólo puede sorprender que sean tan proclives a mostrar, de forma sistemática, irregularidades graves. Como denuncia el Tribunal de Cuentas, Defensa está utilizando un método de carácter extraordinario para realizar compras ordinarias.
Tales créditos salen adelante mediante la fórmula del decreto ley, un mecanismo excepcional previstos para casos de urgente y extrema necesidad, cuyo uso resulta difícil de justificar cuando se destinan a desembolsos que ya estaban previstos en el calendario presupuestario. En concreto, el Ministerio ha realizado operaciones por 4.390 millones de euros entre 2012 y 2015, en vez de aplicar los recortes y ajustes que exige Bruselas.
Este modus operandi ha sido calificado de "irregular e injustificado" por el Tribunal de Cuentas. Pero si efectivamente la operativa de Defensa es grave, a ésto hay que sumarle la opacidad que, según la institución fiscalizadora, muestra el Ministerio de Defensa a la hora de subsanarla. En cualquier ministerio resultaría inexcusable explicar por qué se usa recurrentemente una fórmula irregular, pero más aún en un área tan delicada como Defensa.
