Bruselas hace historia al activar un procedimiento de sanción por déficit público excesivo. El Estado miembro señalado es España, por lo que pesa sobre nuestro país la amenaza de una multa de 2.200 millones. Con todo, sería precipitado darla por hecha. El proceso queda ahora a merced de la intrincada maquinaria europea, de modo que habrá que esperar cinco días para comprobar si el Ecofin ratifica la sanción.
A ello se añade un periodo de alegaciones y otros trámites que pospondrán la decisión definitiva hasta finales de este mes, o incluso a octubre. Además, existe la posibilidad de que la cuantía final de la sanción se reduzca a cero. Ahora bien, mucho más importante que esos avatares resulta el hecho de que la Comisión evidencia la completa falta de una política decidida de reducción del déficit en 2014 y 2015.
La indolencia caracterizó a Hacienda tanto en sus propias decisiones como en su labor de controlar las originadas en otras Administraciones. Por ello, la Comisión reprocha que acometió una rebaja fiscal, al tiempo que toleraba un "crecimiento dinámico del gasto". En esta dinámica tuvo un rol crucial el hecho de que el Ministerio "podría haber aplicado mejor la Ley de Estabilidad".
En otras palabras, Bruselas reafirma los avisos que lanzaron instituciones como la Airef acerca de la nociva permisividad ante la indisciplina de las autonomías. Todos estos fueron los verdaderas motivos del incumplimiento de España, no la coyuntura económica. De hecho, como bien destaca la Comisión, en 2015, con un PIB que crecía más del 3%, soplaban "vientos a favor" para embridar el déficit. Desaprovechada esa ocasión, es ahora cuando tendrán que acometerse los ajustes pospuestos.