La deuda acumulada por las empresas públicas dependientes del Estado se situó, al cierre del pasado trimestre, en 32.500 millones, lo que implica que creció en más de 800 millones desde la llegada del presidente Rajoy al poder.
Es cierto que entre estos entes se encuentran enseñas como Aena o Adif, encargadas de sufragar las grandes obras públicas, pero también lo es que otros niveles de la Administración, incluido el autonómico, no sólo han controlado el endeudamiento de sus empresas sino que incluso lo han reducido en idéntico periodo. Se revela así que un ajuste semejante era posible también en el nivel estatal y éste quedó pendiente en la penúltima legislatura, debido al limitado alcance de iniciativas como la promovida por la Comisión CORA.
