La evolución de la deuda de las empresas dependientes de las Administraciones Públicas arroja sorpresas. Acostumbrados como estamos a que las comunidades autónomas acaparen titulares por su elevado déficit y su dependencia de la financiación estatal, la gestión de los números de sus compañías ha sido mucho más positiva. A lo largo de la legislatura, los gobiernos regionales han reducido el pasivo de sus firmas en casi 4.700 millones de euros, mientras que el Estado, habitual cumplidor del límite de déficit, ha engordado sus números rojos en 802 millones desde finales del año 2011, cuando Mariano Rajoy accedió a La Moncloa.
El pasivo de las compañías que dependen de la Administración Central se situaba, hace cuatro años, en los 31.677 millones de euros, y se disparó en 2012 por encima de los 33.400 millones por las numerosas obligaciones contraídas con anterioridad, especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Pues bien: no ha sido hasta el primer trimestre de este año cuando la cifra ha logrado bajar de los 33.000 millones, situándose ahora en los 32.500 según los datos publicados la semana pasada por el Banco de España.
Hay que pagar la obra pública
Y es que el desarrollo que ha experimentado España en obra pública se seguirá pagando durante muchos años. Son las empresas dependientes del Ministerio de Fomento las que registran los compromisos de pago más elevados. ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, debe casi la mitad del pasivo total de las empresas del Estado, con más de 14.500 millones de euros. La expansión de la red de Alta Velocidad ha sido clave y solo desde el año pasado el volumen de licitaciones empezó a caer.
El gestor aeroportuario AENA, por su parte, logró rebajar su deuda el año pasado en algo más de 1.300 millones y debe ahora 9.400; Renfe también consiguió un leve ajuste en su balance y cuenta con un pasivo de 4.668 millones; y Puertos del Estado, la más contenida del Grupo Fomento, finalizó el año con un pasivo de 2.100 millones.
Estas cuatro empresas, de forma global, superan los 30.000 millones de deuda de los 32.500 que deben las compañías de todo el Estado, si bien es cierto que durante los años de legislatura de Mariano Rajoy han logrado rebajar su descubierto en algo más de 3.000 millones.
Mayor esfuerzo regional
El incremento de la deuda de las firmas públicas dependientes del Estado podría haber sido aún mayor sin los trabajos de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, que ha funcionado bajo la tutela de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ha propiciado la desaparición de hasta 115 firmas de la Administración Central en los últimos cuatro años. Sin embargo, los datos de la propia Comisión ponen de relieve que el mayor esfuerzo de contención del gasto se ha efectuado en los territorios. De hecho, las comunidades han suprimido casi 500 compañías y las corporaciones locales, ámbito en el que el control es mucho más complejo, han cerrado un total de 1.436.
"Estamos en funciones pero la CORA ha cogido velocidad de crucero", aseguró Sáenz de Santamaría la pasada semana cuando presentó el último informe de la Comisión, pocos días después de que el Ministerio de Hacienda informara de que hay otras 155 sociedades al borde de la extinción en las comunidades autónomas. Es en esta esfera administrativa donde la reducción del pasivo se ha notado más, por efecto de la desaparición de entes y por el exhaustivo control financiero del Gabinete del ministro Cristóbal Montoro. En concreto, en el primer trimestre del año logró bajar de los 5.000 millones de euros -casi lo mismo que debe Renfe-, algo que no se lograba desde el año 2002 según los datos del supervisor español.
Y en este sentido, las estadísticas regionales arrojan una nueva sorpresa: Cataluña, la comunidad más endeudada, es quien más ha recortado en su sector público empresarial, reduciendo la deuda desde los 4.670 millones del año 2011 a los 2.317 millones actuales, prácticamente la mitad. Con Madrid sucede lo contrario y aunque sus obligaciones no han variado mucho, se han incrementado estos cuatro años en algo más de 150 millones.
Por último, las corporaciones locales, las únicas que además presentan superávit en sus finanzas, han bajado la deuda de sus compañías públicas desde los 8.000 a los 5.000 millones, quedándose al mismo nivel que en el año 2007.
