El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, anunció ayer, horas antes del inicio de la campaña electoral, el desbloqueo de 6.100 millones de euros a los proveedores de las comunidades autónomas, que pagará tres días antes del 26J.
A pesar de que el ministro ha negado que el calendario electoral tenga nada que ver, lo cierto es que que la liberación del dinero se adelanta en más de dos semanas respecto al trimestre anterior y repite lo realizado por Hacienda el año pasado, cuando pagó el sobrante del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) unos días antes de la cita con las urnas de diciembre.
Más allá del uso electoral de Hacienda, hay que señalar los escasos esfuerzos realizados por el ministerio para forzar a las autonomías a que afronten por ellas mismas y en tiempo las deudas que contraen con sus proveedores y que, en algunos casos, como las farmacias en Cataluña, pueden alcanzar retrasos de más de 200 días.
Hacienda exige la remisión de un plan de ajuste por parte de las autonomías para conceder la financiación con la que afrontar vencimientos, pagos a proveedores y otras deudas para liberar los pagos, aunque en más de una ocasión la credibilidad de esos planes sea recibida con escepticismo por la autoridad fiscal independiente (AIReF), cuya opinión, desgraciadamente, no es vinculante para el ministerio.
Parece que Hacienda no ha sabido meter en vereda a algunas autonomías, como Cataluña, con la que sacaría un indeseable desgaste político en caso de enfrentamiento. Es incomprensible que Montoro consienta que las autonomías sigan recurriendo al FLA cuatro años después de su creación, sin lograr que éstas cumplan los plazos legales de pago a proveedores.
