El interés medio al que el Reino de España emite deuda se situó el año pasado en su menor nivel desde que existen estadísticas comparables: 0,8%. La tendencia continúa en el presente ejercicio, como demuestran sobre todo las emisiones a más corto plazo (bonos hasta 18 meses), sometidas a cupones negativos, lo que implica que los inversores pagan por financiar a nuestro país.
Es una tendencia que no presenta signos de revertirse, en la medida en que persisten las consecuencias de una situación excepcional. Así, el BCE no sólo mantiene activo el programa de compras masivas de deuda soberana (llamado expansión cuantitativa) que inició el año anterior, sino que el banco central lo reforzó, tanto en cuantía como en plazos, en marzo pasado.
Sin embargo, el seguro que presta el respaldo del BCE no debe llevar a minusvalorar el problema latente que el alto apalancamiento de las Administraciones implica para la economía española, en un momento en el que apenas actúan fuerzas que contribuyan a mitigarla. Así, el pasivo ha superado el billón de euros en un contexto en que su reverso, el déficit, aún no se encuentra controlado como debiera y la inflación es prácticamente inexistente (el dato de IPC adelantado de mayo volvió a situarse por debajo de cero: 1% negativo).
La alta deuda, por tanto, constituye un desequilibrio de primera magnitud, susceptible de volver a aflorar con fuerza en el momento en el que el BCE decida dar marcha atrás en sus estímulos, y en sus efectos sobre las primas de riesgo. Y nada sería más perjudicial para la recuperación de la economía española que un posible resurgir de los elevados costes de financiación.