La Junta de Andalucía tiene pendientes de justificar 622 millones destinados a formación para trabajadores y parados. En otras palabras, Empleo desconoce si el 72% de los fondos que envió con ese fin a esta autonomía entre 2012 y 2015 se ha gastado o no y, en caso afirmativo, a qué se destinó. Esta falta de transparencia resultaría grave en cualquier territorio, pero lo es más en uno en el que el uso de estos recursos es vital, dado que sigue arrojando una de las tasas de paro más elevadas de la UE (30%).
A ello se une el hecho de que, tras el estallido del 'caso Edu' (relacionado con la malversación masiva de fondos de este tipo), Andalucía no puede permitir que persistan anomalías que impidan saber con exactitud cómo se está utilizando el dinero destinado a formación.