La Junta de Andalucía sólo ha ejecutado el 27,3% de los 855,5 millones de euros que ha recibido del Estado para programas de Formación Profesional para el Empleo entre los años 2012 y 2015, dejando sin justificar el 72,7% restante, 622 millones de euros, que se desconoce si se han gastado, o no, y para qué se han empleado.
Los datos de ejecución de los fondos para formación transferidos desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la Junta de Andalucía muestran que mientras en el año 2012 el Ejecutivo autonómico justificó la ejecución de 209,6 millones de euros, el 90,49% de los 231,6 millones recibidos del Estado, en el ejercicio siguiente, el año 2013, la ejecución justificada sólo fue de 7,8 millones, el 3,51% de los 224,7 millones de euros transferidos desde la Administración Central.
Una utilización mínima de estos fondos que se repite en 2014, año en que el Ministerio de Empleo transfirió 199,1 millones al gobierno presidido por Susana Díaz, de los que sólo se justificaron 15,8 millones, el 7,95% del total.
Con respecto a la dotación transferida durante el ejercicio de 2015, que se elevó a 200 millones, la Junta de Andalucía no ha justificado aún la utilización de estos créditos, a pesar de que el plazo formal para hacerlo finalizaba el pasado 31 de marzo.
Los técnicos del Ministerio que dirige Fátima Báñez explican que "mientras no se produzca la obligatoria justificación se entiende que no se ha ejecutado nada", y confirman que en materia de Formación Profesional para el Empleo entre los años 2012 y 2015, de los 855 millones de euros que Andalucía tenía asignados, el Ejecutivo autónomico sólo habría realizado efectivamente 233 millones, dejando aún sin ejecutar 622 millones, "esto es el 72,7% de los fondos a los que tenía derecho".
El 'caso Edu'
Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe del Estado para Formación Profesional para el Empleo, al ser también la que tiene una mayor tasa de desempleo que se eleva hasta el 29,7% de su población activa, cifra 9,7 puntos porcentuales superior a la media nacional. En base a este hecho y descontando el importe de los fondos no gastado, para el año en curso las transferencias que ha recibido de la Administración Central suman 197 millones de euros.
Resulta significativo que la drástica reducción del gasto justificado en formación por la Junta de Andalucía coincida prácticamente en el tiempo con la salida a la luz pública del llamado caso Edu, por el fraude de los cursos de formación entre los años 2007 y 2013, en el que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía investigaba una presunta malversación de caudales públicos vinculado al gobierno andaluz, por un importe de 2.875 millones de euros. De ellos, 1.155 millones procedían de fondos de la Unión Europea y otros 1.720 millones del Estado.
De acuerdo con la investigación, la Junta habría pagado cursos de formación que no se llegaron a realizar, sin exigir justificación de que habían sido realizados ni demandar la devolución del dinero en caso de no ejecutarse.
En concreto, en el procedimiento utilizado para la realización de este presunto fraude la Junta pagaba el 75% del importe de los cursos de formación profesional ocupacional para desempleados a la entidad formadora y el 25% restante se pagaba al finalizar el curso. Sin embargo, las investigaciones de la Udef detectaron que en la provincia de Málaga había cursos impartidos en los que la entidad formadora, que había percibido el anticipo del 75%, no había solicitado el 25% que le correspondía tras la realización efectiva de los cursos. Hecho que alertó a los funcionarios policiales y que destapó el presunto fraude de cursos cobrados y no realizados, que se extendía por las ocho provincias de la comunidad autónoma.
Detenciones y más garantías
La investigación afecta a 17 empresas y más de 200 personas. De ellas, en febrero de 2015 el juez ordenó la detención de 90, entre la que se encontraban la alcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez Muñoz, además de 9 concejales. Cuatro meses después, en junio, fueron detenidos 30 excargos del Ejecutivo autónomo andaluz.
Respecto al dinero sin justificar entre 2012 y 2015, los técnicos de Empleo y responsables sindicales vinculan esta drástica reducción del gasto al reforzamiento de los controles posterior a la investigación y al celo de los funcionarios en autorizar gastos que no cumplan las máximas garantías de legalidad.
Por otra parte, la Unión Europea decidía en marzo pasado congelar el Fondo Social Europeo para Andalucía en 2015, que asciende a 468 millones, por las irregularidades detectadas en los fondos anteriores concedidos por Bruselas.
De este modo, Andalucía lleva más de un año, desde el 7 de noviembre de 2014, sin contar con este fondo dada la alerta desatada. En esta misma situación de suspensión están los Fondos Jeremie, sometidos a una investigación judicial. Ahora, los interventores de la UE deben certificar que las incidencias han sido subsanadas para devolver a la Junta esta partida suspendida.
El gobierno andaluz explica que estas irregularidades que provocaron la suspensión del Fondo Social Europeo tienen que ver con partidas generales vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Gobierno andaluz, de las cuales no se ha detallado el destino exacto.