Casi 50 sociedades vinculadas con empresas del Ibex 35 se hallan radicadas en paraísos fiscales. Este hecho debe evaluarse con ecuanimidad, más allá del revuelo mediático causado por escándalos como el relacionado con los famosos 'Papeles de Panamá' (país que, por cierto, no está considerado oficialmente un paraíso fiscal por Hacienda).
Así, nada hay de delictivo en el mero hecho de que una sociedad decida aprovechar las ventajas que le ofrecen los territorios más competitivos fiscalmente a escala global para vehicular a través de ellos una parte de su negocio. A esa circunstancia, deben sumarse las peculiaridades de determinados sectores económicos que, por exigencias logísticas, exigen el enraizamiento en países de este tipo para poder operar.
Así, no debe extrañar la gran presencia de bancos en las islas del Canal de la Mancha y en enclaves del Caribe, los únicos que posibilitaban hacer emisiones de instrumentos de capital que, hasta muy recientemente, no han sido recogidos por la legislación española. Del mismo modo, las prácticas internacionales obligan a las empresas de sector energético a negociar sus fletes en este tipo de territorios. Ahora bien, todas estas razones justifican la presencia de filiales en paraísos fiscales sólo en el caso de que se asegure la transparencia de todas sus operaciones.
Hacienda no está en condiciones de velar por el cumplimiento de ese requisito, en la medida en que estos territorios vedan la información a toda autoridad exterior. Es responsabilidad de las propias empresas, por tanto, informar con exactitud sobre quiénes las respaldan y cuáles son los resultados de su operativa o, en el caso de que no puedan cumplirlo, proceder a su cierre.