El presidente francés Francoise Hollande y su primer ministro Manuel Valls han sacado adelante, por decreto, su reforma laboral. Hacen así uso de un mecanismo amparado por la Constitución, que permite sortear el bloqueo que sufría el proyecto en la Asamblea Nacional, donde se presentaron casi 5.000 enmiendas, varias procedentes de su propio partido, el socialista.
Hollande y Valls toman la decisión adecuada, al impedir que la lucha partidista aborte la reforma que el país, con su PIB estancado y el paro rebasando el 10 por ciento, necesita. El movimiento resulta especialmente meritorio en un Gobierno que inició su mandato con medidas como subir los impuestos a los ricos, y ahora abandona todo populismo y lucha por hacer más competitiva la economía gala.
