La Operación Chamartín puede ya considerarse uno de los proyectos urbanísticos más accidentados de la historia empresarial española. Fue en 1993 cuando se lanzó la iniciativa de destinar los terrenos ahora ocupados por las vías de la madrileña Estación de Chamartín a edificación residencial y de oficinas.
Considerado el plan más ambicioso de Europa en su sector, rápidamente tropezó con problemas administrativos y logísticos, que lo paralizaron durante tres lustros. En 2015, pareció que el atolladero quedaría atrás gracias al acuerdo de los promotores (BBVA y Sanjose) con Fomento, la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la capital, entonces en manos de Ana Botella. Pero su sucesora, Manuela Carmena, decidió unilateralmente revisar la Operación.
Ayer presentó los resultados de su examen, asegurando que se trata de un documento "abierto a negociación". A priori, resulta difícil ser optimistas sobre la manera en que las otras partes implicadas recibirán la propuesta, especialmente los promotores. Al hecho de que se les vedó toda participación en su diseño, se suma la circunstancia de que el plan original muestra un recorte radical. Así, la superficie que comprende el ahora llamado proyecto Puerta Norte se reduce a la mitad, de 3,1 millones de metros cuadrados a 1,5 millones.
Sin embargo, también es cierto que el recorte afecta sobre todo a las viviendas proyectadas, mientras que los cambios no son tan grandes en lo que respecta a la parte medular del negocio futuro de las promotoras: las oficinas. Por tanto, aun cuando está relativamente cerca la fecha (31 de diciembre) que BBVA y Sanjose fijaron para abandonar el proyecto, resulta todavía factible que haya cesiones y entendimiento de las partes implicadas.
