Las comunidades autónomas hicieron gala en 2015 de una flagrante indisciplina fiscal, que provocó que sólo tres de ellas respetaran el límite de déficit impuesto por Hacienda y cuatro incluso lo duplicaran. Con un punto de partida tan negativo, el Ministerio fue realista y elevó el tope de 2016 al 0,7% del PIB, pero, pese al incremento del margen, los expertos aún creen que puede haber desviaciones, hasta el entorno del 1%.
Sus conclusiones se derivan del simple examen de los Presupuestos para este ejercicio. En dichas cuentas, los Ejecutivos regionales dan por sentado que recibirán 14.000 millones adicionales procedentes del Estado con respecto a 2015.
La realidad, sin embargo, es que ese manguerazo de recursos extra no pasará de 7.432 millones, de acuerdo con lo ya presupuestado por Hacienda. El sesgo optimista de las autonomías a la hora de estimar sus ingresos no se limita a este ejercicio ni a las transferencias estatales. De hecho, está presente sistemáticamente en sus cálculos de los últimos años y afecta también a los pronósticos sobre los impuestos que recaudan.
La persistencia de esta práctica es sospechosa y permite concluir que se trata de una táctica deliberada, que bien puede servir de coartada para justificar la falta de ajuste en el gasto público que es característico de la Administración autonómica.
Hacienda tiene a su alcance poner fin a estos cálculos sesgados, en la medida en que sólo le exige cotejar sus propios presupuestos con los que manejan los Ejecutivos regionales y exigir las correcciones pertinentes, junto a un control del gasto efectivo. No hacerlo generará nuevos incumplimientos y volverá a socavar la credibilidad de España en la Unión Europea.
