Podemos logró, sin ningún voto en contra, que las Cortes de Aragón aprobaran una resolución para impedir que dos concesiones hidroeléctricas que vencen este mes dejen de estar en manos de Acciona y queden bajo titularidad pública. Se trata de dos pequeños saltos de agua, pero que lanzan un aviso a navegantes sobre cuál puede ser el futuro de las 150 instalaciones similares que operan en Aragón, pues existe el riesgo de que se renacionalicen.
Esa política entraña serios riesgos de una involución que potencie ineficiencias. No en vano, la autonomía perderá los impuestos y las inversiones que empresas como Acciona afrontan por su actividad hidroeléctrica, mientras se elevará el gasto para poner en pie nuevos organismos públicos que desempeñen esas funciones.
