Las previsiones de primavera de la Comisión Europea bosquejan un panorama aún sombrío para la eurozona. Bruselas recorta el pronóstico de avance de su PIB al 1,6% este año, en un contexto cercano a la deflación (el IPC cerrará 2016 en el 0,1% negativo) y con amenazas claras en el horizonte como el referéndum de Reino Unido sobre su permanencia en la UE.
En medio de esta situación, como es ya habitual, España destaca como la economía que más crecerá de la Unión Monetaria. Es cierto que la Comisión sigue de cerca la inestabilidad política de nuestro país y muestra una cautela comprensible al situar su augurio para este año en el 2,6%, una décima por debajo de lo estimado por el Gobierno en su Programa de Estabilidad.
Ahora bien, como el ministro De Guindos replicó, aún será posible rebasar esa marca para una economía que sigue imbuida en la fuerte inercia de 2015, y en el que el impulso de autonomías como Baleares o Valencia, que crecen al 4%, impide un frenazo.
Más duro se mostró Bruselas en lo que respecta al déficit público, al vaticinar que seguirá superando el 3% del PIB hasta 2018. Su contundencia es lógica después de un ejercicio como 2015, en el que la desviación fue flagrante y un 2016 ya avanzado en el que aún no se han tomado medidas de calado para atajar el incumplimiento.
Sin embargo, no hay razones para dar por perdido el objetivo de reducir los números rojos al 3,6% en este ejercicio y respetar el Plan de Estabilidad. Será alcanzable si, por fin, el Gobierno aplica las medidas para garantizar la disciplina de las autonomías, al tiempo que se evitan alzas electoralistas del gasto y se afronta el problema de ingresos que aqueja a la Seguridad Social.
