El 55% de la productora Secuoya está a la venta. Su propietario, N+1, contactó con EY y esta última firma ha hecho llegar la oferta a empresas del sector, como Mediapro, Kiss o Atresmedia. N+1 busca así abandonar Secuoy,a después de permanecer tres años y medio; con todo, la importancia de la operación va más allá de un mero movimiento empresarial.
Se da la circunstancia de que Secuoya se benefició, en octubre pasado, de la concesión de un nuevo canal de Televisión Digital Terrestre (TDT). El otorgamiento mismo ya levantó revuelo, en la medida en que el grupo granadino arrastraba una deuda de 2,29 millones con Hacienda en abril de 2015, el mes en el que se convocó el concurso. Ese hecho debería haberla excluido, pero la Agencia Tributaria le concedió a Secuoya una prórroga de pago, pese los escasos avales de solvencia con los que contaba.
A esas circunstancias, se suma ahora otro hecho igualmente llamativo, como es la salida de su socio mayoritario tras conseguir el canal, llamado ahora Ten. La ley es taxativa sobre las condiciones a las que se someten este tipo de concesiones; no en vano deja claro que su beneficiario debe encargarse directamente de la explotación, y no existe margen para ningún tipo de alquiler o venta destinada a un tercero.
La operación en la que se ha embarcado N+1 no es por sí misma ilegal; sin embargo, sus efectos pueden acabar asemejándose a los propios de esas prácticas. Lo que es seguro es que la salida de N+1, coincidente con el estreno de Ten, que esta noche inicia sus emisiones, delata la total falta de confianza existente, en el seno mismo de Secuoya, sobre las expectativas empresariales del proyecto... y ya desde el momento mismo de su nacimiento.
