El sector público empezó el año con mal pie en lo que a su ejecución presupuestaria concierne. Lo demuestra el hecho de que el déficit de las Administraciones, hasta febrero, se situó en el 1,11 por ciento del PIB frente al 0,92 del mismo periodo del año pasado. En tan corto espacio de tiempo ya se produjo una desviación de casi 2.000 millones.
En un ejercicio normal, podría alegarse que dos meses no bastan para extraer conclusiones, pero 2016 es un año inusual, en el que las tendencias perniciosas que ya se manifiestan pueden ir a más. Así, las autonomías han heredado de 2015 una inercia incumplidora que se mantiene intacta, como demuestra el hecho de que ya hay un territorio, Extremadura, que está en el límite de todo el año. Cabe ser también pesimista con respecto a la Seguridad Social.
Su tradicional superávit de principios de ejercicio es menor en relación al del año pasado (0,12 frente a 0,14 por ciento) y la ralentización del PIB y de la creación de empleo en 2016 invitan a pensar que su déficit al cierre de año será superior al 1,26 por ciento de 2015. En este contexto, es oportuno felicitarse del fracaso del Pacto del Prado, lanzado por Compromís para propiciar un Gobierno de izquierdas. El partido valenciano habría exigido concesiones en gasto y financiación como contrapartida a su mano tendida, lo que habría sentenciado, otra vez, el cumplimiento del tope de déficit.
Sin embargo, el comportamiento del actual Gobierno no resulta más fiable, en la medida en que su persistente debilidad ante las autonomías y las alzas de gasto público a que obligan sus guiños electoralistas nutrieron la desviación del déficit hasta febrero, y mantienen este desequilibrio en la senda equivocada.
