El mes pasado, el Ayuntamiento de Barcelona decidió prorrogar por un año más, hasta julio del año que viene, la moratoria que impone en la concesión de nuevas licencias para proyectos hoteleros. Se trataría de un paso adecuado, si el objetivo de la alcaldesa Ada Colau es mantener a este sector en un estado de parálisis permanente, porque, sin duda, lo está consiguiendo. Durante el pasado trimestre, se dio la inaudita situación de que sólo se puso en marcha una única inversión en hoteles en la Ciudad Condal. En otras palabras, se produjo un descenso del 67% en esta actividad con respecto al primer trimestre de 2015.
En esa época existía otra moratoria, limitada a apartamentos ubicados en barrios en los que la masificación y la falta de control provocaban problemas evidentes. Colau dio el irresponsable paso de extender el coto a todo tipo de establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, hostales...) con lo que está causando un muy grave perjuicio a un sector que representa el 14% del PIB de Barcelona y que emplea, cada año, a 120.000 personas. Al tiempo, deja a la capital catalana desarmada ante la competencia de otras ciudades españolas.
Lo demuestra Madrid, una urbe en la que inversión hotelera se multiplicó por 10 en términos interanuales entre enero y marzo pasados, hasta los 261 millones. En estas cifras se nota la influencia de la venta del Villa Magna y también el paso atrás que dio la alcaldesa Manuela Carmena, cuando barajaba aplicar en Madrid una moratoria semejante a la barcelonesa. Carmena no fue más allá de auditar la capacidad hotelera de la capital y conviene que evite toda tentación de llegar más lejos, si no quiere estrangular la inversión como ha hecho su correligionaria Ada Colau.
