Los amplios retrasos que tanto Aragón como Extremadura (junto a otras 10 autonomías) acumulan en el pago a proveedores ya tienen consecuencias. Hacienda retendrá parte de la financiación destinada a ambos territorios y se encargará de redirigirla a saldar las facturas en el cajón que están acumulando. Sería irónico decir que la reacción del Gobierno ha sido ágil. Muy al contrario, fue necesario que el retraso en los pagos se haya disparado hasta los dos meses y medio, frente a los 30 días que estipula la ley, para que se haya producido una respuesta. Muy poco se hizo para atajar el problema en los meses anteriores.
El envío de cartas de apercibimiento a ambas regiones en marzo y abril, ignorado por sus respectivos Gobiernos, no puede considerarse suficiente. El Ejecutivo central podía haber hecho más, máxime cuando tanto Aragón como Extremadura estaban entonces gobernados por Gabinetes del mismo partido. Como mínimo, se deberían haber atajado alardes electoralistas como el que el expresidente extremeño, José Antonio Monago, se permitió al rebajar el tramo autonómico del IRPF en plena recesión.
El problema de los retrasos siguió creciendo y los nuevos Gobiernos, surgidos de las elecciones de mayo, sólo lo agravaron. Por tanto, la intervención financiera de Hacienda, aunque tardía, es necesaria y debe mantenerse lo que la situación requiera. Por su parte, los Ejecutivos autonómicos tienen que asumirla y no caer en la tentación del chantaje fácil al Gobierno central, acometiendo recortes de servicios básicos y culpando de ellos a Madrid. La misma firmeza exigirá atajar el otro gran problema fiscal que las autonomías plantean: su rebeldía a la hora de controlar el déficit.
