El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha activado ya su plan de intervención de las comunidades autónomas por el desvío fiscal en que incurrieron el pasado año, cuando acumularon un déficit del 1,66%, pese a que estaban obligadas a respetar el límite del 0,7%. En concreto, su Departamento ha remitido una docena de cartas a las Administraciones que más demoran su pago a proveedores.
Las peor paradas han sido Extremadura y Aragón, que siguen abonando facturas con más de dos meses y medio de retraso y ahora sufrirán retenciones en su financiación. Será el Estado quien se encargue de abonar las facturas de forma directa.
Ayer mismo, el Gabinete de Montoro iba a enviar una misiva adicional a las autonomías para que redujeran "drásticamente" su déficit, pero según confirmaron fuentes de varias autonomías a elEconomista, esas nuevas comunicaciones no habían sido recibidas.
Las peores: Extremadura y Aragón
Respecto a los casos de Extremadura y Aragón, el Departamento que encabeza Montoro ya había realizado tres comunicaciones previas advirtiendo a sus respectivos gobiernos de que no se estaban ajustando a lo establecido en la Ley de Morosidad, al tardar más de 30 días en saldar las deudas con sus proveedores. Los dos primeros toques de atención en forma de cartas se remitieron el 5 y el 26 de marzo del año pasado, cuando aún no se habían celebrado las elecciones municipales y autonómicas y en las dos regiones gobernaba el PP.
En la última misiva, enviada el pasado 1 de abril, Hacienda les comunica que, al persistir los incumplimientos, pasa a aplicarles desde ese mismo momento el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad. Éste inicia "el procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a proveedores". Así, los Ejecutivos socialistas de Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, ambos del PSOE, deberán cumplir durante seis meses el periodo medio de pago a sus proveedores para que la sanción se levante.
En los próximos días, el Ministerio solicitará a la Intervención General de la autonomía información para cuantificar cuánto deben a sus proveedores y qué recursos les retendrán del sistema de financiación.
Una situación delicada
El secretario de Estado Antonio Beteta es quien firma las cartas de las dos autonomías intervenidas y de las que, sin estarlo, se encuentran en una situación más delicada que el resto, como es el caso de Baleares y de la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana recibe con ésta su tercera comunicación de Hacienda, por lo que el Ministerio le exige más medidas para aumentar sus ingresos y reducir sus gastos, de forma que pueda cumplir en tiempo con sus proveedores (actualmente tarda 57,61 días en cumplir con ellos). También le insta a actualizar su plan de tesorería y le reprocha que no haya remitido la información sobre las medidas a las que ha ido dando luz verde con la periodicidad prevista por la ley.
Mientras, Baleares, que tarda de media 76,89 días en abonar las facturas a proveedores -más incluso que Aragón según datos del mes de enero-, recibe su primera advertencia. Si bien en el documento enviado, Hacienda también le reclama que corrija la cuantía que ha previsto para pagar a proveedores este año y que revise las medidas para reducir su periodo de pago. El Ejecutivo autonómico incluyó estos dos puntos en el plan de ajuste exigido para poder adherirse al Fondo de Liquidez, FLA.
En un tercer grupo se incluyen Cataluña, Asturias, Galicia, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Andalucía. Todas reciben su primera advertencia y deberán revisar y actualizar sus planes de tesorería.
Montoro ya había advertido el pasado jueves, cuando se conoció que el dato de déficit global se había disparado al 5,16%, que iba a utilizar toda su artillería para reconducir las finanzas autonómicas. De momento, obligará a aprobar acuerdos de no disponibilidad para mantener la tesorería e instará a las autonomías a dar parte mensual del cumplimiento de la regla de gasto, que liga la capacidad de gasto al avance del PIB a medio plazo. El ministro, de paso, responsabilizó del desvío a "los Gobiernos de consenso" surgidos en algunas regiones, en clara referencia a los acuerdos PSOE-Podemos.
Cataluña y las farmacias
Mientras el pulso entre el Estado y las autonomías se complica, la situación se deteriora en algunas de las comunidades con mayores tensiones financieras.
Cataluña, con un periodo medio de pago de 37,70 días y a la que Montoro reclama actualizar su plan de tesorería -con los recursos que va a destinar mensualmente a proveedores-, ve cómo el problema con las farmacias se agrava. Según el Consejo de Colegios Oficiales de Farmaceúticos catalanes, el Govern les debe 198,1 millones por medicamentos dispensados hasta febrero.
La 'soga' de la Ley de Estabilidad
Aplicación del artículo 25: Se activan las medidas coercitivas. Hacienda exige a las autonomías un acuerdo de no disponibilidad de créditos para que cumplan el déficit de 2016.
Medida preventiva: Inmediatamente después, a las CCAA en riesgo de incumplir el tope de 2016 se les formulará una advertencia motivada y tendrán un mes para adoptar medidas.
Nuevo Plan Económico Financiero: Las autonomías incumplidoras deberán presentar un nuevo plan, que será informado por la Autoridad Fiscal y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las autonomías adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico deberán actualizar sus planes de ajuste. Se reforzarán, también las condiciones para acogerse al FLA.
Aumentar la transparencia: Hacienda publicará los planes de ajuste autonómicos de quienes se hayan acogido a los mecanismos de liquidez.
