España es incapaz de reducir todo lo que debería el agujero de las cuentas públicas. El déficit de 2015 cerró en el 5,16% del PIB, unos 56.000 millones de euros, muy por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas y también superior a la propia estimación del 4,8% que realizó la Comisión Europea hace unas semanas. El propio Gobierno en funciones esperaba un desvío del 4,5%.
Ni la buena marcha de la economía española -creció un 3,2% el año pasado gracias al empuje de todas las comunidades autónomas- fue suficiente, lo que obligará al próximo Ejecutivo a realizar reformas y recortes adicionales por más de 10.000 millones de euros.
Si se incluyen las ayudas a la banca, que alcanzaron los 547 millones en 2015, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se elevó el pasado año hasta el 5,23% del PIB y sumó un total de 56.608 millones de euros, si bien dichas ayudas no computan en el procedimiento de déficit excesivo. Las cuentas se han realizado con un PIB de 1,08 billones de euros. Así las cosas, el recorte respecto al año anterior es de 4.711 millones de euros (cuadro del INE).
Montoro culpa a las CCAA
El desequilibrio se debe principalmente al mayor déficit de la Seguridad Social como de las comunidades autónomas, que se verán obligadas a adoptar medidas de ajuste como ya pidió Bruselas a España. La intención del Gobierno es elevar el control y los grados de coerción para que se cumpla con la Ley de Estabilidad y la regla de gasto.
Según ha confirmado el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, tanto la Seguridad Social como las comunidades han visto superados con creces sus objetivos del 0,6% y del 0,7%, respectivamente.
En concreto, el déficit de la Administración Central fue del 2,68% del PIB, por debajo del objetivo del 2,9% (sin tener en cuenta las ayudas a la banca), el de las comunidades autónomas se situó en 1,66%, y el de la Seguridad Social en el 1,26%, mientras que las corporaciones locales lograron un superávit del 0,44%.
El dato definitivo de déficit público se conoce después de que Bruselas remitiera el pasado 9 de marzo una recomendación autónoma fiscal, en la que ya ponía el acento en el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas.
Dentro de este desvío en las previsiones de déficit de las comunidades, el Gobierno ha incluido el gasto añadido para pagar los tratamientos de hepatitis C que se acordaron a lo largo del pasado ejercicio con el Ministerio de Sanidad y que se eleva a 1.090 millones de euros. Además, se incluyen otros 2.000 millones que afloraron en Cataluña de la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón.
Cataluña casi cuadruplicó el objetivo
La comunidad de Cataluña cerró 2015 con un déficit del 2,7%, seguida por Extremadura con el 2,64%, por Murcia con el 2,52% y la Comunidad Valenciana con el 2,51% del PIB, muy por encima del objetivo del 0,7% establecido para el ejercicio. Sólo Galicia (0,57%), Canarias (0,54%) y País Vasco (0,69%) cumplieron.
El Gobierno va a obligar a las CCAA que incumplen a aprobar un acuerdo de gobierno de no disponibilidad para garantizar que los recursos de financiación extra que recibirán este año no sirvan para financiar nuevo gasto, sino el que ya está previsto y están ejecutando este año.
"No se trata de instar a que recorten sino a que no aumenten gasto público sobre lo que ya están haciendo", ha dicho Montoro, para recordar que las autonomías van a recibir este año 10.000 millones de euros más de los Presupuestos Generales del Estado que en 2015.
Además, se hará público mensualmente el cumplimiento de la regla de gasto por parte de las autonomías, esa obligación de no gastar más de lo que se ingresa, para lo cual los interventores de los gobiernos regionales tendrán que informar también mes a mes a Hacienda. Cristóbal Montoro ha asegurado que comparecerá ante la Comisión de Hacienda del Congreso, a petición propia, para explicar estos planes y datos.
En cuanto a las corporaciones locales, ha reconocido "el gran mérito" de que hayan pasado del déficit al superávit en esta legislatura. "Han hecho un gran servicio. Hay más de 8.100 ayuntamientos y presentan este saldo tan positivo, quiere decir que no por tener un número de administraciones es incompatible con estar saneado en España".
Un déficit del 2,8% en 2016
A los 10.000 millones de euros adicionales que debería recortar el próximo Gobierno como consecuencia de la desviación hay que sumar el ajuste que debería acometer para reducir el déficit al 2,8% que ha pactado con la Comisión Europea para 2016 para volver a cumplir con el Pacto de Estabilidad nueve años después de la primera desviación. Pasar del 5,2% del PIB al 2,8% correspondería a un ajuste de 24.000 millones.
No obstante, aflojar el ajuste del déficit requerido por Bruselas es uno de los escasísimos puntos en el que coinciden todos los partidos que debaten para la formación del futuro Gobierno.
De hecho, el portavoz del Ejecutivo comunitario Alexander Winterstein ha confirmado que la Comisión ha recibido una carta enviada por ocho Estados de la Eurozona, entre los que se encuentra España, criticando el método para valorar el esfuerzo fiscal de cada país y reclamando cambios. En este sentido, Winterstein ha indicado que los servicios económicos de la comisión están examinando el contenido de la misma, pero no ha aportado detalles sobre el mismo.