Cataluña fue una de las autonomías que más contribuyó a que el déficit público se disparase en 2015. Su rebeldía está lejos de corregirse en 2016, pues el Gobierno de Carles Puigdemont ha elevado en 900 millones el gasto público, con medidas como el programa de ayuda social exigido por la CUP o la creación de nuevo empleo público. Una indisciplina así no es tolerable en una autonomía que se halla cerca del impago, según las agencias calificadoras, cuyo Gobierno incluso se permite pedirle al Gobierno que desvirtúe el FLA y lo use para asumir su deuda a corto plazo.
El Ejecutivo debe negarse a esa petición y ejercer, como ha prometido, el necesario control sobre el gasto de la Generalitat, asegurando así que evite el impago, al tiempo que garantiza los servicios básicos.
