La administración catalana se ha hipotecado con 900 millones de gasto a pesar de su elevado déficit y ser una de las comunidades que más se ha desviado del objetivo de gasto.
"La tesorería catalana está en una situación muy, muy compleja", así se explicaba el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, hace unas semanas en una sesión del Parlament. Sin embargo, las graves dificultades a las que se enfrentan las finanzas catalanas y las reiteradas peticiones de ayuda al gobierno central para apoyarle en las refinanciaciones y adherirse al FLA, no ha impedido que el equipo de Carles Puigdemont anuncie continuamente medidas que impulsan el gasto público.
Sólo con los que ya se han puesto sobre la mesa el gasto de la Generalitat aumentará en 888 millones de euros. Si esas iniciativas se hubieran tenido que pagar en 2015, el déficit de Cataluña habría alcanzado el 3,13 por ciento del PIB, frente al 2,7 por ciento (casi cuatro veces más del permitido) con el que cerró el ejercicio.
Los problemas presupuestarios de Puigdemont al frente del Govern ya comenzaron desde el primer día. En su primer pleno tuvo que ceder ante la CUP -el partido que fue su aliado en su investidura como presidente- para aprobar la devolución de la paga extra a funcionarios de 2012. Esto significa que el ejecutivo inició su travesía con una mochila de 450 millones de peso, que tendrá que pagar y devolver en dos años.
A ese gasto hay que sumar 110 millones más por la subida de un 1 por ciento en el sueldo de los funcionarios aprobada por el Gobierno central. Como Cataluña todavía no ha aprobado presupuestos -Oriol Junqueras está trabajando en unos, pero por el momento están prorrogados los de 2015-, estas cifras las tienen que asumir cada conselleria.
Políticas expansivas
Si bien la mayoría de los anteriores partidas de gasto proviene de medidas impulsadas desde el gobierno central, existe otro grupo de futuros gastos que están totalmente ligados a las decisiones políticas de Junts pel Sí. Por ejemplo, su plan de choque social, que está previsto que esté dotado con 270 millones de euros y con el que busca luchar contra la pobreza energética y habitacional.
Esta cifra podría aumentar si la CUP lo exige como un requisito indispensable para apoyar los futuros presupuestos ya que lo ven como una simple "venda" en una herida de más de 2.500 millones en recortes del mandato de Artur Mas. Además de la dependencia de la formación antisistema, Artur Mas ha dejado otras herencias a Puigdemont, que también aceleran el gasto.
Uno de los más concretos es el de la Hacienda Catalana, que preveía aumentar un 25 por ciento la partida de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) hasta los 44 millones. Esto comportará además, duplicar la plantilla actual de este ente con la contratación de 168 funcionarios (aunque algunos podrían venir a través de recolocaciones).
También hay que financiar el objetivo de contar con 50 oficinas de acción exterior, más conocidas como "embajadas catalanas". Aunque actualmente apenas tiene siete, el gasto supera los 2,2 millones, por lo que, con la misma referencia, poner en marcha las nuevas elevaría el coste como mínimo a 9 millones anuales.
Por otra parte, en marzo, el ejecutivo de Puigdemont ha anunciado contrataciones, como la de los 700 profesores para el nuevo curso (que compensará con el cierre de clases de preescolar). Asimismo ha adelantado que la plantilla de funcionarios también se engrosará temporalmente con 110 técnicos más para el Servei d?Ocupació (SOC), el Inem catalán.
Estas contrataciones se sumarán a las de altos cargos, que suponen aproximadamente un millón de euros. Esta cantidad se ha ido en sufragar las contrataciones para la controvertida conselleria de Exteriores.
El 'procés' sale caro
La Generalitat también ha anunciado medidas en el sector sanitario. La intención del ala que proviene de ERC es que todo el sistema de hospitalario lo gestione la sanidad pública a medio plazo. Aunque ese gasto sería muy elevado y es una promesa en el aire, la única propuesta en firme es la de reducir al 50 por ciento las listas de espera y recuperar la sanidad universal. Lo primero, según un documento de JxSí, tendría un coste de 74 millones en el caso de las intervenciones quirúrgicas y de 13,6 millones en primeras visitas al especialista.
Todos estos gastos aumentaría si se impulsa el proceso de desconexión. La Agencia de Protección Social catalana que proyectó Artur Mas contemplaba tener 3.466 empleados públicos, que costaría 130 millones de euros anuales. Esta plantilla saldría de sumar los actuales trabajadores del ámbito de la seguridad social en las administraciones catalana y española en territorio catalán, además de 300 incorporaciones para cubrir la gestión que actualmente se hace desde Madrid.
Los inversores se lo cobran
Los inversores no están pasando por alto los problemas de liquidez y el aumento del gasto que está aplicando la Generalitat. Desde que el 18 de marzo S&P redujera el rating de Cataluña hasta B+, el coste de financiación de la Generalitat se ha disparado cerca de un 60 por ciento, si se atiende a la cotización del último bono emitido por la Generalitat (véase gráfico).
En menos de 15 días , la cotización del bono catalán ha pasado del 2,91 al 4,66 por ciento. Este ascenso es todavía más significativo si se compara con la cotización de un bono emitido en fecha similar por el Reino de España. Dicha emisión cotiza en el mercado en el 0,36 por ciento; es decir más de 13 veces por debajo de lo que se exige a Cataluña.
La prima de riesgo del bono español también se ha resentido, al escalar hasta 130 puntos, desde los 122 puntos del 17 de marzo.
Las facturas que vienen
450 millones: Devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios. JxSí se comprometió a pagarla en dos años por culpa de la CUP, aunque en realidad su intención era pagarla dependiera de la buena salud de la tesorería.
270 millones: Es el coste del plan de choque social en 18 meses, una simple 'venda' en la herida de los más de 2.500 millones de recortes de Artur Mas. Esa cantidad prevé asistir a quienes sufran de pobreza energética o alguna emergencia habitacional.
88 millones: Rebajar las listas de espera al 50 por ciento cuesta 75 millones en operaciones de urgencia y 13 millones en primeras visitas al especialista.
44 millones: Incremento del 25 por ciento de la partida de la Hacienda catalana con la contratación de 168 funcionarios.
12 millones: Coste mínimo de contratar 700 profesores y 110 técnicos temporales para el SOC.
9 millones: Coste mínimo de las 50 'embajadas' que Mas dijo que se abrirían tras las elecciones.
1 millón: Es lo que cuesta la creación de la Conselleria de Exteriores, cuyo nombre tan poco ha gustado a Rajoy.
