El Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder con las cuentas públicas en estado de emergencia, pues el déficit se hallaba en el 9% del PIB, y señalando inmisericordemente al culpable: el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero era el último responsable de la disciplina fiscal de toda la Administración, incluidas las autonomías.
En los años posteriores, Hacienda se afanó en corregir el desvío que el anterior Gabinete propició, pero, justo al final de la legislatura, se desmiente a sí misma y desemboca en el fracaso sin paliativos que supone cerrar 2015 con un déficit del 5,16%. Rebasa así con creces el 4,2% comprometido con Bruselas y convierte en una utopía el 2,8% esperado para 2016.
La decepción es aún mayor si se considera que 2015 era el año idóneo para el cumplimiento, gracias a que una recuperación vigorosa permitía conjugarlo con las necesarias rebajas de impuestos. Pero en el camino se cruzaron unas autonomías que han hecho gala impunemente de indisciplina. Como resultado, 14 de ellas rebasaron el tope del 0,7%; cinco de ellas, permitiéndose superar el 2%.
Registros así no son fruto de un trimestre, sino que se originan en un incumplimiento sistemático, con objetivos bien definidos (como volver a inflar el empleo público) cuyo responsable último está hoy tan claro como en 2011: el Gobierno central. Hacienda tuvo al alcance, desde el primer momento, los múltiples mecanismos coercitivos de la Ley de Estabilidad que ahora, en situación de interinidad y ante el incumplimiento flagrante, por fin activará. Pero esta reacción no basta para compensar los meses acumulados de parálisis ante una indisciplina que ya tiene un alto coste.
