El volumen de deuda que acumula el sector público sumó, al cierre del año pasado, 1,07 billones de euros, el equivalente al 99% del PIB. España rebasó en tres décimas el límite acordado con Bruselas, pero no estriba en esa pequeña desviación el verdadero problema que el ya histórico nivel de apalancamiento público representa.
Para llegar a tan altas cotas, fue necesario dejar actuar durante años una ya muy arraigada tendencia en el aumento del endeudamiento (totalmente opuesta a la que mostró el sector privado), causante de que el pasivo creciera, durante la última legislatura, en más de 325.000 millones.
Esa inercia está lejos de mostrar visos de moderarse, especialmente en el nivel autonómico de la Administración. Lo demuestran las cifras del cuarto trimestre, en las que se manifiesta un avance del 3,2% interanual de la deuda de estos territorios, frente al 0,4% propio del Estado. De hecho, son las autonomías (especialmente Valencia y Cataluña) las que más han contribuido a elevar el cómputo de 2015.
El Gobierno ha podido exigir, a través de los resortes que le ofrecen los mecanismos extraordinarios de financiación, la pertinente disciplina fiscal. El coste de no haberlo hecho puede ser alto en el futuro, y no debe engañar la moderación de la prima de riesgo, influida por las compras masivas de bonos del BCE desde hace un año. Pese a la ayuda del eurobanco, entraña serios riesgos afrontar, con tan alto volumen de deuda (y de dependencia de los mercados exteriores), un futuro en el que las incertidumbres políticas no se disipan y ni siquiera la inflación ayuda a reducir el lastre. Será una obligación ineludible del próximo Gobierno, sea cual sea su signo, embridar cuanto antes el pasivo público.
