
Nuestro país es el cuarto de la Unión Europea que acumula más procedimientos de infracción abiertos por la Comisión. Son 1.500 que afectan a los más variados ámbitos: desde el céntimo sanitario en el transporte, hasta la excesiva contaminación de sus grandes ciudades, pasando por el falseamiento de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana.
Ninguno de estos expedientes ha derivado, de momento, en multas económicas, pero ese hecho no oculta la realidad que los tirones de orejas de Bruselas ponen en evidencia: la legislación española presenta demasiadas ineficiencias en aspectos que afectan directamente a sus ciudadanos. Un socio fiable de la UE debe poner fin a esa situación y no quedarse de brazos cruzados acumulando expedientes.