La posibilidad de que la Comisión Europea suavice las exigencias en política fiscal para España, considerando su actual parálisis política, se ha instalado con fuerza en el imaginario colectivo. Hasta el punto de que la especulación sobre una prórroga para seguir reduciendo el déficit público se ha convertido en un supuesto, más o menos tácito, de las negociaciones que los principales partidos han mantenido en las últimas semanas. Es más, ha habido incluso medios de comunicación que han concretado la extensión de esa hipotética tregua europea, cifrándola en un año y dándola por prácticamente apalabrada con Bruselas.
La demostración de que esos argumentos carecen de toda base la ofrece elEconomista, tras tener acceso al texto íntegro de la nueva carta de alarma (según el argot de la UE) que el Gobierno recibirá de forma inminente.
En su articulado, no sólo no hay la más mínima mención al anhelado año de gracia, sino que la Comisión se muestra contundente al exigir a España un nuevo plan de ajustes, por valor de 8.000 millones, que debe presentarse en tan sólo seis semanas.
Bruselas tiene motivos para elevar su tono, ya que todo apunta a que España incumplió su meta de déficit público en 2015 y lleva camino de hacer lo mismo en 2016. De hecho, nuestro país debería estar ya acometiendo un recorte de la parte estructural de ese desequilibrio, equivalente al 1,5% del PIB, y no hay rastro de ello.
La UE, por tanto, no sólo mantiene, sino que endurece sus exigencias. Los partidos deben, por tanto, asumir que es inexistente el margen para los incrementos oportunistas del gasto público, con vistas a conseguir pactos de investidura, y aún más para la negligencia respecto a las reformas y las medidas de ajuste.
