La Comisión Europea dio ayer un nuevo giro al culebrón post-20D, tensando algo más la cuerda entre Madrid y Bruselas justo cuando el panorama político promete más inestabilidad. Tal y como adelantó elEconomista, el Ejecutivo comunitario envió la carta al Gobierno español en la que pide que presente antes de finales de abril las medidas necesarias para cumplir con la senda de ajuste fijada por las autoridades de la UE. Bruselas pone el énfasis en las autonomías, pero no se limita a ellas al recordar que España se relajó con los ajustes en 2013, lo que ha dejado a nuestro país con el mayor déficit de las principales economías europeas.
A España se le acaba este año el plazo para cumplir con el Pacto de Estabilidad (que limita el déficit al 3 % del PIB) y tiene que alcanzar un objetivo del 2,8%. Sin embargo, se quedará en el 3,6% del PIB, según las ultimas previsiones comunitarias. Por lo tanto, "España debería informar a la CE sobre las medidas para responder a esta recomendación en su plan presupuestario actualizado para 2016, o como tarde, en una sección dedicada del próximo plan de estabilidad de 2016", dice el escrito enviado ayer. Es decir, el Ejecutivo comunitario pide a España que presente como tarde en siete semanas los ajustes necesarios para cumplir con el objetivo del déficit, que supondrían unos 8.000 millones.
Según las reglas de gobernanza económica europea (el llamado semestre europeo) los países deben presentar "preferiblemente el 15 de abril y no más tarde del 30 de abril" sus planes fiscales a medio plazo, que incluyen los programas de estabilidad y de reformas.
Actualización del Presupuesto
La Comisión lleva tiempo avisando que España anda desencaminada. El pasado octubre, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, echó por tierra el borrador presupuestario para este año enviado por Mariano Rajoy antes de convocar las elecciones, y pidió más esfuerzos estructurales (más ajustes), "tan pronto como fuera posible" una vez que hubiera Gobierno. Y aunque la Comisión vuelve a recordar la obligación de presentar esta actualización al Presupuesto, parece poco probable que los partidos logren formar una coalición en el próximo mes y medio, y menos aun a cuajar un paquete de ajustes. Por lo tanto, Bruselas pone por escrito una demanda envenenada e inesperada para el Gobierno en funciones del PP, a quien le pide que explique cómo ahorrar ese 0,8 % del PIB en vísperas de la nueva convocatoria electoral.
Preguntado por este diario este martes, y con la carta ya en el disparadero, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, no esperaba tener que presentar medidas adicionales porque Bruselas no iba a pedir "ir más allá" a un Gobierno que estaba en funciones.
Aunque el principal golpe se lo lleva el Gobierno en funciones, por ser quien tendrá que sacar la tijera o subir impuestos, la Comisión también echa un jarro de agua fría a las promesas del resto de formaciones, que quieren acordar con la UE una senda de cumplimiento con Bruselas "gradual, realista y equilibrada", en palabras del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El riesgo de las regiones
En su escrito, la Comisión compra la tesis de Guindos de que la principal fuente del desequilibrio fiscal son las CCAA. La carta recuerda que la Comisión ya señaló que los principales riesgos procedían de "las incertidumbres respecto al control del gasto, en particular en el nivel regional". La carta insiste en el "bajo impacto presupuestario" de las medidas de consolidación a nivel regional y local, y también alerta de la falta de aplicación de medidas preventivas o correctoras por parte de Madrid con las CCAA que incumplen los límites de gasto. Por tanto, la Comisión exige que nuestro país haga "un uso completo" de las herramientas preventivas y correctivas que contempla la ley de Estabilidad para evitar los derrapes de comunidades y ayuntamientos.
Pero la guardiana de la disciplina fiscal europea no se queda aquí, y advierte el relajamiento del Gobierno central con sus cuentas desde 2013. La UE pidió a España un esfuerzo estructural (excluyendo el ciclo económico) del 2,7 % del PIB en 2013-2015, aunque finalmente se quedó en el 0,8 %. Para este año el escenario se repite, porque la Comisión no espera esfuerzo fiscal alguno, cuando solicita un 1,5 % del PIB.
La Comisión envió ayer cartas con un mensaje similar a Italia, Finlandia, Rumanía, Bélgica, Croacia. Sin embargo, en el caso de España la presión resulta especialmente significativa, ya que la institución tiró de uno de sus instrumentos de control (recomendación autónoma) de las nuevas reglas de gobernanza dado que España se encuentra en un procedimiento por déficit excesivo.
"Hemos hecho todo lo que podemos para alertar a las autoridades nacionales de los riesgos de cumplimiento", señaló ayer Moscovici en un comunicado. "Ahora depende de ellos tener en cuenta esta contribución cuando envíen sus planes fiscales a medio plazo en abril".
A pesar del tono desafiante, no se espera que estos avisos acarreen sanciones en caso de que España continúe desviada de la senda de ajuste, tal y como comentaron fuentes comunitarias a elEconomista. Por el contrario, se espera que la Comisión otorgue más tiempo a nuestro país, arrastrada por la inevitabilidad del incumplimiento y el poco apetito de sacar el garrote. Eso sí, la CE impondrá a nuestro país una exhaustiva lista de ajustes y reformas, y un estrecho marcaje para su cumplimiento. Una tarea hercúlea que caerá en manos del nuevo Gobierno.