El actual Gobierno terminó en un tiempo récord la nueva Planificación Hidrológica 2015-2021, con la que subsanó la total ineficiencia que marcó la anterior legislatura respecto a la gestión del agua . No en vano la ministra García Tejerina denuncia, en su entrevista con elEconomista, que el Ejecutivo socialista gastó 1.300 millones en desaladoras que nunca puso en marcha y otros 140 millones en estudios sobre ordenación de ríos.
Además, nuestro país tuvo que afrontar una multa europea, aún no subsanada, por deficiencias en depuración y una sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la UE. Todo ello constituye una lección que ningún Gobierno debe olvidar sobre el alto coste que acarrea la mala gestión de un recurso tan vital como desigualmente repartido.
