Aún no es fácil calibrar el alcance que un hecho como la entrada en preconcurso de acreedores de Abengoa supone. La actual situación de la multinacional deja en el aire compromisos con proveedores en todo el mundo por valor de 6.000 millones de euros. En España, es previsible un golpe de magnitud todavía difícil de estimar en la frágil economía de Andalucía, el territorio de origen de Abengoa. Ante un escenario como éste, resulta muy significativa la única reacción de la que han sido capaces los más directos responsables de lo que puede ser una quiebra histórica. Se han limitado a echar balones fuera, culpando tanto a la banca acreedora como al Gobierno, especialmente a los efectos de su reforma energética en el sector de renovables.
Este último argumento se antoja insostenible, considerando que la mayor parte de los ingresos de la compañía, hasta el 90%, provienen del extranjero. Todo delata, por tanto, un intento de aferrarse a cualquier razonamiento que desvíe la atención, no sólo con respecto a una pésima política, basada en el endeudamiento masivo, sino especialmente al expolio que supone que los últimos responsables de esa gestión cobren cuantiosas indemnizaciones, tras abandonar el barco que tanto contribuyeron a hundir.
Como declara el ministro de Economía, Luis de Guindos, a elEconomista, resultan "poco presentables" los 11,5 millones destinados al aún presidente de honor de Abengoa, Felipe Benjumea, o los 4,5 millones (más otros 3,3 millones aún pendientes) del ex consejero delegado, Manuel Sánchez. Se trata de compensaciones injustificables, que los dos beneficiados deberían devolver, en lugar de intentar encontrar chivos expiatorios.
