Asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones es todavía uno de los grandes retos que heredará el próximo Gobierno, tras las elecciones de diciembre. No en vano continúan en pie fuerzas que la amenazan como el, en apariencia, incorregible envejecimiento que muestra la sociedad española en comparación con otros países de su entorno. Sin embargo, resultaría injusto negarse a reconocer que, en la recién acabada legislatura, se han producido mejoras que ya tienen su correlato en las estadísticas.
En particular, el número total de pensiones contributivas que el Estado debe desembolsar crece a su menor ritmo de los últimos diez años. Así, la tasa de avance registrada el pasado mes se situó en el 1,03% interanual. Es un porcentaje marcadamente inferior a los 1,63 puntos propios de octubre de 2014, y marca aún mayores distancias con respecto al 2,36% de 2005. En paralelo, también se ralentiza el alza de las jubilaciones, de manera que ahora avanzan a un ritmo un 50% inferior al que presentaban hace 10 años.
Es esta última la mejor prueba de que los esfuerzos de Empleo por limitar las jubilaciones anticipadas y parciales, acompasando la edad real y la legal de jubilación, dan sus frutos. Sin duda, no todos los problemas están resueltos, como demuestra el hecho de que el desembolso en pensiones crece más lentamente, pero todavía a un ritmo que permite aún batir marcas por encima de los 8.000 millones de euros cada mes.
Pese a ello, el próximo Ejecutivo no debe desdeñar los avances que la reciente reforma produjo y conviene que continúe esa misma senda con medidas aún más ambiciosas, como fomentar el ahorro privado complementario.
