Apenas un día después de la constitución del nuevo Parlament, surgido tras las elecciones autonómicas de hace un mes, el Legislativo autonómico dio ayer un paso de tan gran calado como es declarar el "inicio del proceso de creación del Estado catalán". La propuesta, que pretende conducir a la "desconexión" con respecto al resto de España, salió adelante con el apoyo de los diputados de Junts pel Sí (lista en la que se agrupan CDC y ERC) y de la CUP. Sorprende la total incoherencia de esta última formación, cuando fueron sus líderes los primeros en reconocer el fracaso del 27-S como plebiscito sobre la secesión, al no lograrse el apoyo de más del 50% del total del censo electoral.
Por el contrario, la postura de CDC, y en particular de su líder, Artur Mas, es mucho más previsible que la demostrada por los radicales de la CUP. Desde hace meses, Convergència se encuentra contra las cuerdas debido a la multitud de acciones judiciales que la acorralan, motivadas por el afloramiento de la trama corrupta sobre la que, desde hace años, se cimenta el partido. Fruto de esas operaciones, es la detención del tesorero de CDC y el hecho inaudito de que no hay un solo miembro de la familia Pujol que no se encuentre imputado.
Se trata de una situación límite para Mas, quien además agotó todo su crédito político el 27-S, cuando fue incapaz de aupar la lista de Junts pel Sí hasta la mayoría absoluta de escaños. Por todo ello, resulta evidente que nada le conviene más al líder convergente y a su partido que, contando con la complicidad de ERC y CUP, subir de revoluciones la tensión soberanista y huir hacia adelante para desviar la atención del verdadero problema de Cataluña: su corrupción institucional plenamente arraigada.
