En plena campaña para las elecciones del 27-S, los comicios que el presidente Artur Mas quiere convertir en un plebiscito sobre la secesión, resurge el debate sobre las consecuencias que tendría la independencia. El forzado abandono del euro, incluso de la UE, es ya tan conocido que incluso la ANC lo reconoció a finales del mes pasado. No tan popular resulta, sin embargo, un efecto de impacto social comparable como es el hecho de que el recién nacido Estado no ingresaría lo suficiente por cotizaciones sociales para hacer frente por sí mismo al pago de pensiones en su territorio.
No en vano Cataluña es la comunidad autónoma en la que dicho desembolso alcanza la mayor cuantía: más de 21.800 millones en 2014. Esa cifra supone superar en un 35 por ciento el gasto que corresponde a Madrid, la tercera región (después de Andalucía) que más recursos dedica al pago de este tipo de prestaciones. Es más, la comunidad que preside Cristina Cifuentes cuenta a su favor con la característica de ser uno de los pocos territorios (junto a Canarias y Baleares) cuyos ingresos por cotizaciones sociales superan con creces los gastos a los que esos recursos se destinan.
El sistema de caja única de la Seguridad Social no permite, sin embargo, que esos superávit se estanquen, y los redistribuye entre el resto de las autonomías, incluida Cataluña, en los que la crisis y los problemas demográficos estructurales han hecho del pago de pensiones un problema crónico. Una hipotética secesión catalana supondría, entre otros muchos y graves problemas, la renuncia al sistema que garantiza una solidaridad sin la que este sistema de protección sería simplemente insostenible en ese territorio.
