La edad legal de jubilación en España se encuentra, desde 2013, experimentando un aumento que la llevará a situarse en los 67 años en 2027. El incremento es muy progresivo, lo que no impide que sus efectos se estén notando ya. Así, gracias a esta medida, el número de nuevos jubilados se redujo en 2014 un 4,5%. La tendencia continúa en 2015, ya que las cifras hasta junio revelan un descenso de casi dos puntos porcentuales. Es cierto que, en paralelo, las jubilaciones anticipadas aún se encuentran al alza, hasta el punto de crecer más de un 7% en el pasado semestre.
Los cambios introducidos en 2013 también han abordado este aspecto y han endurecido las condiciones para acceder al retiro anterior a la edad legal, sin que por ahora hayan evitado que casi la mitad de los trabajadores se retire del mercado laboral antes de la edad de jubilación.
En conjunto, la reforma impulsada por la ministra Báñez está encauzando algunos de los cambios que el sistema público de pensiones necesita con urgencia. Con todo, las nuevas tendencias no cuentan aún con la fuerza necesaria para corregir un panorama general preocupante. En agosto el gasto en pensiones creció un 2,8%, el menor ritmo registrado nunca; pero esa desaceleración no impidió que el desembolso total marcara un nuevo récord por encima de los 8.000 millones. El Fondo de Reserva se halla en situación apurada, con recursos sólo para tres años al ritmo actual de gasto. El sistema está aún en riesgo por la baja natalidad y el rápido envejecimiento. Además de los cambios paramétricos, como retrasar la edad de retiro, urgen iniciativas como fomentar el ahorro privado como complemento al sistema de reparto.
