La posibilidad de que los inmigrantes irregulares vuelvan a disfrutar en España de la tarjeta sanitaria entraña importantes riesgos. En vez de contribuir a la necesaria racionalización del sistema sanitario, elevaría el gasto en 500 millones al año, e incluso en 1.000 millones si, como es factible, se extendiera la asistencia a todo europeo residente en España.
Sin embargo, es previsible que el desembolso aún se disparase más si España se empecina en volver a poner en pie una sanidad cuya universalidad no tiene parangón en los países de nuestro entorno, y que puede ejercer un peligroso efecto llamada en un momento en el que la UE afronta una grave crisis migratoria. El Gobierno parece así dispuesto a anteponer el electoralismo a la sostenibilidad del sistema sanitario.
