Los resultados del Consejo de Política Fiscal del miércoles fueron apresuradamente resumidos en dos rasgos: primero, los déficit a la carta se acabaron y todas las autonomías se someterán al mismo tope en 2016; en segundo lugar, Cataluña es la gran beneficiada de la inyección de más dinero que el Gobierno hará en el sistema de reparto. Ambas conclusiones son cuestionables.
Es cierto que la meta del 0,3% de déficit rige para todos los territorios, pero también lo es que estos contarán con recursos extra a su disposición, gracias a los 7.455 millones más que Hacienda pondrá en juego, lo que, en la práctica, implica un alivio semejante al que supondría un verdadero déficit a la carta.
Por otro lado, ese aporte adicional de recursos (al que hay que sumar el resultado de las liquidaciones de 2014) se someterá a un reparto, en el que Cataluña parece llevarse la parte del león al embolsarse 1.861 millones, un 12% más que en 2015.
Hacienda no explica los criterios de distribución, lo que invita a pensar a que ha querido hacer un guiño (tardío) ante la subida de tensión del debate soberanista. No obstante, más allá de ese supuesto trato de favor político, más urgente es explicar a qué se debe que Andalucía vaya a recibir una cantidad muy semejante a la catalana, 1.712 millones, un 11,1% más.
En el caso andaluz se trata de una región también incumplidora con el déficit, pero que en absoluto puede aducir en su defensa la infrafinanciación sistemática, demostrada por las balanzas fiscales, que sufre el arco mediterráneo. Muy al contrario, Andalucía es una receptora neta de recursos (8.531 millones sólo en 2012), que en su mayoría ha despilfarrado; una práctica que Hacienda no sólo tolera, sino que incluso premia.
