El automóvil se convulsionó ayer por la imposición, por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), de la mayor multa a un ámbito de actividad en España: 171 millones de euros. Igualmente notable es la amplitud de la sanción, ya que afecta a todo el negocio, desde los productores hasta los servicios de postventa, incluyendo al 91% de la distribución de automóviles.
Tan amplio alcance demuestra que su objetivo son prácticas muy extendidas en el sector, cuyo amplio arraigo hace que no se vean irregulares. El proceso aún está abierto y no conviene precipitarse, pero la actuación de la CNMC debe conducir al replanteamiento de unos hábitos de intercambio de información comercial que pueden estar conduciendo a la concertación de precios.
